LLEVARAN A DERECHOS HUMANOS ABUSOS COMETIDOS A PRESUNTOS INVASORES

Por. Héctor Aldrete Germán

PUERTO PEÑASCO SONORA

En conferencia de prensa llevada a cabo en pasillos del Palacio Municipal, las personas afectadas en días pasados al querer la fuerza policial y un presunto dueño de los predios desalojarlos de los terrenos “de la invasión” localizados en el Ejido San Rafael, llegando a la detención de 3 personas acusando de agresiones físicas y psicológicas y otras más, hablaron de la situación que están viviendo a causa de estos actos.

Armando Sarabia, Rafael Ortiz y Manuel Fernando Díaz, los tres detenidos ahora en libertad, además de Carlos Armando Espinoza, presidente de la colonia localizada en dichos predios y con la presencia moral del regidor Fernando García Pacheco, dieron la versión de los hechos argumentando que se violaron muchas leyes al hacer detenciones sin órdenes de aprehensión, además de la intimidación a la que fueron objetos, respecto a ello, Armando Sarabia mencionó que es mentira lo que se dice que se le vendió un terreno al regidor como muchos dicen, además de la detención a la que fue objeto declaró que fueron detenidos por 40 horas en un estado insalubre, por otro lado, Manuel ·Chino” Díaz habló sobre el manejo que una señora llamada María Corazón Lozano tiene sobre el ayuntamiento en turno, dicha señora fue calificada de corrupta y colgada del ayuntamiento, además de querer hundir y desalojar a la fuerza a estas familias por intereses propios, de igual manera el señor Celaya es manejado por esta señora, dijo, siendo él quien acudió junto con el sub comandante Paco Gordiano a tempranas horas del día de la detención para querer obligar a las familias a que desalojaran los terrenos y que si no lo hacían más tarde usarían la fuerza si era necesario, cosa que sucedió, dando como resultado lo sucedido.

Por su parte, Carlos Armando Espinoza, presidente de dicha colonia declaró, que se piensan preparar para una demanda en contra de quien resulte responsable por dichos actos y abusos de autoridad, además que se entablaran pláticas con la Comisión Estatal de Derechos Humanos para la contrademanda que se hará, mencionando además que si no llega a haber algún arreglo sobre esta situación, se procederá a realizar más plantones en el Palacio Municipal, solicitando la legalización de dichos terrenos, pues es lo que quieren, no se quiere una reubicación, pues cuando se establecieron en dichos terrenos estaban solos y ahora hasta se manejan tres presuntos dueños, el Ejido San Rafael, Grupo Mayan y el Ayuntamiento, por lo mismo que el Ayuntamiento se justifique diciendo que son propiedad privada y por lo mismo no se puedan regularizar, lo cual afecta a las poco mas de 300 familias asentadas en dicha área, aunque extraoficialmente se tienen que incorporar al fundo legal del ayuntamiento para ser vendidos a familias que demuestren que los necesitan.

Riesgo de aborto por agresión física

El mismo día de la detención de las 3 personas y el intento de desalojo de las familias en el Ejido San Rafael, varias personas fueron agredidas físicamente, entre ellas una joven mujer, Mayra Delgado, quien al ver que se llevaban a su hermano en una de las patrullas junto a un bebé, quiso acercarse para agarrar al niño, siendo en ese instante cuando un policía judicial, quienes también se encontraban en el área, la empujó de repente, cayendo en un alambre de púas, el cual una de los ganchos se insertó en su pierna y debido a la caída y el golpe tuvo que ser trasladada al hospital local, ya que la misma se encuentra con 3 meses de embarazo y que por la misma caída y golpe le causó una hemorragia, lo cual se convierte en riesgo de aborto, teniéndosele que inyectar medicamento para la detención de la hemorragia.

Debido a esto, la afectada señala al presunto agresor, Manuel Antonio Amador, policía de la Estatal Investigadora, el cual es el presunto responsable señalado de la agresión cometida hacia la muchacha embarazada, quien argumentó que al querer hacer una denuncia se le dieron muchas trabas y no le aceptaron la misma, argumentando que no podían aceptarla en ese momento y que volviera al día siguiente, solo que después de 72 horas de cometido el abuso ya no fue posible que se aceptara la demanda, por lo mismo, dicha acción también se llevará hasta Derechos Humanos para que tome cartas en el asunto.