El 28 de abril próximo pasado el Senador panista Luis Coppola Joffroy presentó a nombre de la directiva de la Comisión de Turismo que él preside una propuesta que contiene un PUNTO DE ACUERDO por el que solicita a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República autorice la constitución de una comisión investigadora del desempeño administrativo del fondo nacional de fomento al turismo (FONATUR) desde el año 2000 a la fecha, periodo que comprende la gestión de John Mc Carty Sandland, gestión en la que el senador (Coppola) asegura hubo un ofensivo e injustificado despilfarro de recursos, particularmente en las inversiones aplicadas en el proyecto ESCALERA NAUTICA, que incluye actualmente las poblaciones de Puerto Peñasco y Guaymas, en Sonora; San Felipe, Santa Rosalía, Puerto Escondido y La Paz, en la península de Baja California y Mazatlán, Sinaloa. La investigación a realizarse también comprende la gestión del actual director de FONATUR, Eduardo Miguel Ángel Gómez Mont Urueta, a quien se exhortará para que en un plazo máximo de treinta días de haberse conformado la comisión investigadora, envíe a ésta todos los informes parciales y anuales que fueron presentados por su antecesor desde el año 2000 a la fecha.
La actuación del ex director general de Fonatur, John Mc Carty, ex vendedor de “tiempos compartidos” y ex funcionario de la banca nacionalizada ha sido ampliamente cuestionada, porque adjudicó a personajes poderosos del entorno nacional terrenos propiedad del fideicomiso en Cancún, Quintana Roo y Los Cabos, BCS, a precios subvaluados, violando toda normatividad. También la Auditoria Superior de la Federación, en la revisión de la Cuenta Pública 2003, determinó irregularidades en créditos otorgados por FONATUR al grupo SITUR y otros fraccionadores en Cancún (La Jornada, 16 de mayo de 2005), que constituyeron pérdida patrimonial por $ 61.6 millones de dólares.
Además, McCarthy vendió extensas propiedades costeras ajenas, de particulares, alegando ser éstas patrimonio de FONATUR, lo que le trajo demandas penales ante la Procuraduría General de la República. En el expediente AP/PGR QROO/CAN/441/2006, el empresario Francisco Alfaro acusa al ex funcionario de fraude procesal, con base en la resolución 612/2006 del Tribunal Superior de Justicia, en la que comprueba que algunos terrenos vendidos son de su propiedad.
La Comisión Investigadora tendrá como su principal objetivo indagar las operaciones realizadas por FONATUR, durante el sexenio pasado, fiscalizando toda la información necesaria, en base al párrafo tercero del Artículo 93 de nuestra carta magna, para que se inicien los procedimientos administrativos y penales en contra del o los funcionarios que resultaren responsables.
Entre otras cosas, FONATUR realiza diversas funciones como son, FIDEICOMISOS, CONCURSOS, PROYECTOS Y DESARROLLOS dentro de algunos Estados de la República, obteniendo sin duda alguna, resultados exitosos en la mayoría; ejemplo de ello puedo mencionar a los CIP’s: Cancún, Ixtapa, Los Cabos, Huatulco, Nayarit, Loreto, entre otros. Algunos de dichos proyectos los han realizado y operado de manera directa y para otros han hecho uso de sus empresas filiales que son Singlar, S.A. de C.V. Fonatur BMO y Nacional Hotelera Baja California, S.A. de C.V.
Sin embargo, no todas las decisiones o proyectos han sido acertados, pues existen casos como el de la ESCALERA NAUTICA, actualmente operado por su empresa filial Singlar, S.A. de C.V., que han representado más perdidas que beneficios no sólo para el Fondo sino para el país en general.
Efectivamente, en el año 2001 fue anunciado por el propio titular del Ejecutivo Federal, como “el nuevo icono del turismo mexicano y una ventana de esperanza para el futuro”, el proyecto denominado “Escalera Náutica”, retomando el proyecto del ex-presidente Ernesto Zedillo, consistente en la construcción de 29 marinas a lo largo del Mar de Cortés, que suministrarían combustible y víveres a embarcaciones viajeras. Proyecto que inicialmente contempló que cinco de las 29 marinas entrarían en operación en el segundo trimestre de 2003, pero no sucedió. En 2004 el proyecto cambió de nombre a “Proyecto Mar de Cortés” y se redujo a 12 escalas programadas para que las primeras seis funcionaran a partir de mayo de 2005 y las restantes en 2006, entre las que se encuentra la escala náutica construida en Puerto Peñasco, Sonora e inaugurada por el Presidente Fox a finales de su gestión como tal; el cambio de nombre se adoptó para no admitir el fracaso de la Escalera Náutica y justificar el millonario despilfarro que a esa fecha había realizado el ex Director General de Fonatur John Mc Carthy Sandland.
La verdad de las cosas es que el proyecto “Mar de Cortés”, en nada ha fortalecido a la industria náutica mexicana, mucho menos a las marinas turísticas del país, pues más bien se trata de una competencia desleal y sigue sin solución el grave problema de navegar con seguridad. El caso más ilustrativo es el de La Paz, Baja California Sur, donde ya existen cinco marinas -hay dos en proyecto y Fonatur construye otra en la zona de Fidepaz-, lo que genera una sobreoferta en estos momentos de dos espacios por embarcación y en una zona nada adecuada por características ambientales generadas por la población de la misma ciudad.
A todo lo anterior, se agrega lo sucedido en San Felipe, Baja California, en donde los pescadores han denunciado que se les expropió la escollera pública para convertirla en marina privada, concesión entregada a las empresas Marina Resort y Múzquiz, que están construyendo dos hoteles y condominios.
Los 650 pescadores del poblado (de 25 mil habitantes) no están de acuerdo con el proyecto turístico, además recriminan a las autoridades la falta de transparencia en las decisiones, pues los excluyeron del proyecto quitándoles la escollera y área de pesca, con el argumento de que están acabando con las especies marinas. Ahora les dicen que serán incluidos en el desarrollo turístico, pero sólo les ofrecerán trabajo de “lava baños y albañiles”.
Otro de los desarrollos que forman parte de “Mar de Cortés” está ubicado en el poblado Bahía de los Ángeles (de 500 habitantes) en Baja California, una de las áreas con mayor biodiversidad en el Golfo. En sus mares e islas se refugia la ballena de aleta, cinco especies de tortugas marinas (de las ocho que hay en todo el mundo), el tiburón ballena y especies de aves como el gallito marino (endémica) y el águila pescadora.
Además, la zona forma parte del Valle de los Cirios, un área natural protegida donde habitan alrededor de 600 especies de plantas, 140 de aves, 52 de mamíferos terrestres y 48 de reptiles.
El proyecto pretende construir aquí una marina -del promovente “Marina Los Ángeles SA de CV”- en 18 mil 31 metros cuadrados ganados al mar. Estos trabajos incluyen una rampa de botado, cinco muelles, una planta generadora de electricidad, fosa séptica, bodega, baños públicos y estacionamiento para 180 vehículos.
La obra en cuestión está detenida por dos razones: la existencia de un decreto que declaró la SEMARNAT el pasado 5 de junio de 2007 a la zona como área natural protegida con el carácter de Parque Nacional, incluyendo el área terrestre, marina y las islas del golfo, así como los canales Ballenas y Salsipuedes, es decir, una superficie que en total alcanza los 587 mil 808 hectáreas. Incluyendo, un proceso de litigio promovido en el 2004 por el Ejido Tierra y Libertad, que presentó recursos de revisión en contra de las autorizaciones del proyecto.
Aunado a todo lo anterior, se suman las opiniones de diferentes organismos no gubernamentales, que advierten del riesgo que significa el proyecto “Mar de Cortés” para la población y las diferentes especies tanto marinas como terrestres, por la sobreexplotación de los recursos que podría provocarse al intentar soportar a los 4.3 millones de turistas que se aspiran recibir para el 2014 con el proyecto ya terminado.
Las empresas estatales descentralizadas se justifican cuando hay carencia de iniciativa privada o cuando el control privado de una actividad económica puede poner en peligro la estabilidad del Estado; pero ha de rechazarse la política económica de competencia con la iniciativa privada, que tienda a impedir sus actividades o a desplazarla del campo donde cumple eficazmente.
Nos resta esperar los resultados de esta investigación que la Comisión de Turismo del Senado, presidida por el panista bajacaliforniano Luis Coppola Joffroy, impulsa decididamente a fin de esclarecer este GRAVE CASO DE CORRUPCION Y DESPOJO A LA NACION, ocurrido en el sexenio del Presidente Vicente Fox.
Por su lectura, gracias.

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